La reciente declaración de un técnico de emergencias ante la jueza de Catarroja ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a Valencia en octubre de 2023. Este testigo, que formó parte del equipo de Seguridad y Control del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha afirmado que la entonces consellera, Salomé Pradas, exigió esperar su aprobación antes de enviar un mensaje de alerta a la población, lo que podría haber contribuido a la falta de preparación ante la inminente catástrofe.
El mensaje de alerta, que se envió a las 20:11 horas del 29 de octubre, llegó cuando ya se habían reportado varias víctimas fatales. Según el testimonio, durante una reunión del Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias), se discutió la posibilidad de que la presa Forata alcanzara un escenario de riesgo de colapso, lo que llevó a los técnicos a preparar un borrador de alerta. Sin embargo, este borrador fue finalmente descartado y no se envió, lo que ha generado dudas sobre la eficacia de la respuesta de emergencia.
El técnico también mencionó que durante la reunión, Pradas estaba frecuentemente ausente, lo que complicó la toma de decisiones. Finalmente, se optó por un segundo mensaje que se envió a toda la provincia de Valencia, el cual fue aprobado por Pradas y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Sin embargo, el testigo no pudo recordar con precisión los momentos en que se descartó el primer borrador, lo que ha llevado a cuestionar la claridad de los procedimientos de emergencia en situaciones críticas.
Las declaraciones del técnico contrastan con las de Pradas, quien en su comparecencia ante la jueza insistió en que no tenía control sobre la situación y que su papel era meramente institucional. Esta discrepancia ha generado un debate sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias y la necesidad de una revisión de los protocolos existentes.
La DANA que afectó a Valencia fue un evento meteorológico extremo que causó inundaciones significativas y pérdidas humanas. La falta de una respuesta rápida y efectiva ha llevado a muchos a exigir una revisión de las políticas de gestión de emergencias en la comunidad. Las críticas hacia Pradas y su equipo han aumentado, y se ha planteado la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de crisis.
Además, la situación ha puesto de relieve la importancia de la comunicación efectiva durante emergencias. La capacidad de enviar alertas oportunas y precisas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de crisis. La falta de un protocolo claro y la necesidad de aprobación jerárquica en la toma de decisiones pueden resultar en retrasos que son inaceptables en momentos críticos.
La comunidad valenciana ha estado lidiando con las consecuencias de la DANA, y la presión sobre las autoridades para que se tomen medidas adecuadas y se implementen cambios en la gestión de emergencias es cada vez mayor. Los ciudadanos exigen respuestas y soluciones que garanticen su seguridad ante futuros eventos climáticos extremos.
En este contexto, es fundamental que las autoridades revisen y actualicen sus protocolos de emergencia, asegurando que la comunicación y la toma de decisiones sean ágiles y efectivas. La experiencia de la DANA debe servir como un llamado a la acción para mejorar la preparación y la respuesta ante desastres en la región, garantizando que se priorice la seguridad de la población en situaciones de crisis.
