El juez Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha tomado la decisión de levantar el secreto de las actuaciones en la investigación que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se produce tras la evaluación de los datos enviados por las empresas Google y WhatsApp, los cuales, según el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no aportan información relevante para el caso.
La investigación se centra en la posible revelación de secretos y la filtración de datos relacionados con Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez había solicitado previamente una comisión rogatoria a Irlanda para obtener información sobre los datos que García Ortiz había borrado tras enterarse de la investigación. Sin embargo, el análisis realizado por la UCO ha confirmado que no se han encontrado mensajes ni correos electrónicos de interés para el caso.
En un comunicado, el juez Hurtado explicó que, dado el resultado negativo del análisis pericial, las razones que justificaron el secreto de las actuaciones han desaparecido. Por lo tanto, se ha acordado dar copia del informe a las partes involucradas. Esta decisión marca un punto de inflexión en la investigación, ya que el magistrado deberá ahora evaluar si hay suficientes indicios de delito para llevar a juicio al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Ortiz.
La UCO ha indicado que, aunque se esperaba encontrar mensajes de WhatsApp que pudieran ser relevantes, no se han podido recuperar. El único correo encontrado en los archivos enviados por Google y WhatsApp se refiere a una confesión de Amador, un dato que ya era conocido y que está incluido en la causa. Esto ha llevado a la UCO a concluir que no hay información adicional que pueda contribuir a la investigación.
La situación se complica aún más para García Ortiz, quien cambió de terminal una vez que se supo de la investigación. Este cambio, junto con la eliminación de mensajes, ha suscitado dudas sobre su conducta. La UCO ha confirmado que los mensajes borrados no han podido ser recuperados, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las acciones del fiscal general.
La decisión del juez de levantar el secreto de las actuaciones también ha generado reacciones en el ámbito político y judicial. Algunos sectores han expresado su preocupación por la falta de información relevante en un caso que ha captado la atención pública. La presión sobre el fiscal general y su equipo aumenta a medida que se avanza en la investigación, y se espera que el juez tome una decisión sobre el futuro del caso en los próximos días.
El contexto de esta investigación se sitúa en un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones y sus representantes. La revelación de secretos y la filtración de información sensible son temas que han generado un intenso debate en la sociedad española, y este caso no es una excepción. La figura del fiscal general, que debería ser un símbolo de justicia y transparencia, se encuentra ahora bajo un escrutinio riguroso.
A medida que se desarrolla esta historia, la atención se centrará en las decisiones que tome el juez Hurtado y en cómo se manejará la situación por parte de las autoridades competentes. La falta de información relevante en los datos entregados por Google y WhatsApp plantea interrogantes sobre la eficacia de las investigaciones en casos de alto perfil y la capacidad de las instituciones para abordar la corrupción y la falta de ética en el ámbito público. La sociedad espera respuestas claras y contundentes que restauren la confianza en el sistema judicial y en quienes lo representan.
