El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en una encrucijada política tras un año de promesas que no han logrado materializarse. En septiembre del año pasado, Sánchez presentó su Plan de Acción por la Democracia, un conjunto de reformas que prometían una limpieza en la política española y una respuesta a la crisis generada por la investigación judicial que afectó a su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, un año después, este ambicioso plan parece estar en un estado de parálisis, con múltiples iniciativas estancadas y una creciente presión por parte de sus socios de gobierno.
La situación actual del Plan de Acción es un reflejo de las dificultades que enfrenta Sánchez para implementar cambios significativos en un Congreso donde su partido, el PSOE, cuenta con una representación limitada. Con solo 147 diputados de un total de 350, la falta de apoyo parlamentario ha sido un obstáculo constante para la ejecución de sus propuestas. La promesa de una regeneración política se ha visto empañada por la incapacidad de avanzar en reformas clave, lo que ha llevado a una creciente frustración tanto dentro como fuera del partido.
### La Ley Begoña y Otras Reformas Estancadas
Uno de los aspectos más destacados del Plan de Acción fue la conocida como Ley Begoña, que pretendía reformar el sistema judicial de manera urgente. Esta ley incluía medidas para restringir la acusación popular, limitar la capacidad de los jueces para tramitar denuncias basadas en informaciones periodísticas y ampliar las causas de recusación judicial. Sin embargo, a pesar de ser registrada a principios de año, la ley nunca llegó a ser debatida en el Congreso, principalmente debido a la oposición de Junts per Catalunya, un socio crucial para cualquier mayoría en el parlamento.
La situación se complica aún más con otras reformas que también han quedado atrapadas en el limbo legislativo. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contaba con el apoyo de varios partidos, se ha visto obstaculizada por la falta de consenso interno, especialmente con Podemos, que considera que las propuestas son insuficientes. Asimismo, la Ley de Secretos Oficiales, prometida a los nacionalistas vascos, ha estado congelada desde la legislatura anterior, a pesar de las promesas de aceleración por parte de Sánchez.
Además, el Gobierno ha intentado introducir medidas que afectan a la prensa, como un anteproyecto que obligaría a los medios a registrar y publicar microdatos de encuestas, así como someterse a un régimen de inspección. Sin embargo, este proyecto aún no ha llegado al Congreso, lo que refleja la falta de avance en las iniciativas que se habían presentado como parte del Plan de Acción.
### Promesas Incumplidas y Desgaste Político
El desgaste político del Gobierno se hace evidente no solo por la falta de avances en las reformas, sino también por las promesas incumplidas que han ido acumulándose. Proyectos como la Ley de Administración Abierta y la Nueva Ley de Publicidad Institucional no han visto la luz, y la Estrategia Nacional contra la Desinformación permanece en un estado de inacción. La situación se ha vuelto tan crítica que el propio debate sobre el Estado de la Nación fue registrado por el Partido Popular, en lugar de ser una iniciativa del PSOE.
La falta de resultados tangibles ha llevado a una creciente desconfianza entre los aliados de Sánchez, quienes se han vuelto más exigentes y fragmentados. A medida que se acerca el tercer año de su mandato, el tiempo se agota para que el presidente cumpla con su Plan de Acción. La promesa de una regeneración política se ha convertido en un espejismo, y el Gobierno se enfrenta a un panorama de desgaste, división interna y bloqueo institucional.
Mientras tanto, los escándalos judiciales que Sánchez intentó silenciar continúan su curso, lo que añade presión a un Gobierno que ya se encuentra en una situación precaria. La incapacidad de avanzar en reformas significativas no solo afecta la imagen del presidente, sino que también pone en riesgo la estabilidad de su gobierno en un contexto político cada vez más complicado. La falta de un bloque sólido de apoyo parlamentario ha demostrado ser un desafío insuperable, y el futuro del Plan de Acción por la Democracia se vislumbra incierto.
