La situación en Andalucía se complica a medida que avanza la investigación judicial sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha tomado la decisión de requerir nueva documentación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el marco de una querella presentada por el PSOE. Esta acción se centra en las contrataciones a dedo que se llevaron a cabo durante la pandemia, específicamente entre los años 2020 y 2023, cuando se aplicaron procedimientos de emergencia que, según se alega, ya estaban derogados.
La investigación se ha enfocado en contratos que suman un valor de 234 millones de euros, los cuales fueron adjudicados a clínicas privadas. El magistrado José Antonio Gómez ha solicitado al Consejo de Gobierno que remita el expediente relacionado con el acuerdo adoptado el 6 de octubre de 2020, que permitió la eliminación del control previo sobre ciertos gastos y contratos. Este acuerdo fue firmado por el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
La decisión del juzgado de investigar este acuerdo es significativa, ya que marca la primera vez que se apunta directamente al Consejo de Gobierno andaluz en relación con la retirada del control previo sobre los contratos sanitarios. Este cambio en la regulación permitió acelerar las adjudicaciones, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación durante la crisis sanitaria.
### Documentación Requerida y Procedimientos Judiciales
El juzgado ha ordenado la entrega de varios documentos que son cruciales para la investigación. Entre ellos se encuentran los expedientes completos relacionados con informes de disconformidad emitidos por la Intervención Central del SAS, así como cualquier otro informe que se haya generado en relación con los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia. Esta solicitud incluye informes elaborados entre 2021 y 2023, lo que indica que la investigación no solo se limita a los contratos iniciales, sino que también abarca un periodo más amplio de tiempo.
Además, el Juzgado ha reiterado la necesidad de obtener informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Estos informes son esenciales para comprender la legalidad de las contrataciones realizadas durante la pandemia y para evaluar si se han producido irregularidades que puedan haber perjudicado los fondos públicos.
La decisión de esperar a recibir toda la documentación antes de tomar declaraciones a los investigados sugiere que el juzgado busca tener una visión clara de los indicios existentes contra los implicados. Entre los investigados se encuentran la actual directora gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en el ámbito político andaluz, especialmente entre los partidos de la oposición que han exigido responsabilidades y explicaciones al gobierno regional.
### Reacciones Políticas y Consecuencias
La investigación ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político. El grupo socialista ha manifestado su preocupación por el posible desvío de fondos públicos y ha instado al presidente Juan Manuel Moreno a dar explicaciones sobre las contrataciones realizadas durante la pandemia. Por su parte, otros partidos, como Izquierda Unida, han exigido responsabilidades políticas y han criticado la gestión del SAS durante este periodo crítico.
La Junta de Andalucía ha calificado la citación judicial de la gerente del SAS y sus antecesores como un mero trámite ordinario, lo que ha generado aún más controversia y desconfianza entre los ciudadanos. La percepción de que se están llevando a cabo irregularidades en la gestión de los recursos públicos ha alimentado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
A medida que avanza la investigación, es probable que se revelen más detalles sobre la gestión de los contratos de emergencia y las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno. La presión sobre el gobierno andaluz para que actúe con transparencia y responsabilidad es cada vez mayor, y la situación podría tener repercusiones significativas en el panorama político de la región. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas que aseguren que los recursos públicos se gestionan de manera adecuada y que se eviten futuros casos de corrupción.
