El caso Koldo ha vuelto a acaparar la atención mediática, esta vez con implicaciones directas para Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif. El Tribunal Supremo ha encontrado indicios de delito en su actuación relacionada con la contratación de Jéssica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos. Esta situación ha llevado al juez a solicitar a la Audiencia Nacional que considere su imputación.
La investigación se centra en la contratación de Rodríguez, quien fue elegida para trabajar en Ineco y Tragsatec, dos empresas públicas. El magistrado que lleva el caso ha calificado esta contratación como «posiblemente irregular y caprichosa», sugiriendo que Pardo de Vera pudo haber tenido un papel significativo en este proceso. La decisión de remitir el caso a la Audiencia Nacional se debe a que el Tribunal Supremo solo tiene competencia sobre la parte del caso que involucra a Ábalos, dado su estatus aforado.
El auto del juez ha resaltado que durante el tiempo que Rodríguez estuvo contratada, no se registró actividad laboral alguna por su parte, lo que añade un matiz preocupante a la situación. La investigación ha puesto de relieve la necesidad de examinar más a fondo las circunstancias que rodearon esta contratación, así como la posible influencia de Ábalos en el proceso.
Además de la contratación de Rodríguez, el magistrado ha solicitado que se investigue la adjudicación de obras públicas mencionadas en documentos aportados por Víctor de Aldama, un personaje clave en la trama. Sin embargo, el juez ha descartado la necesidad de citar al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que la defensa de Ábalos había solicitado su comparecencia. El magistrado ha afirmado que no se han encontrado irregularidades en la compra de mascarillas realizadas por el Ministerio del Interior a la empresa de Aldama.
En este contexto, también se ha citado a declarar a Claudia Montes, otra ex pareja de Ábalos, así como a César Moreno, uno de los socios de Aldama. La complejidad del caso Koldo radica en su ramificación a través de múltiples actores y decisiones que han sido objeto de escrutinio judicial.
La atención mediática sobre el caso ha sido intensa, y las implicaciones para Pardo de Vera podrían tener repercusiones significativas en su carrera y en la percepción pública de la gestión de Adif durante su mandato. La investigación continúa, y se espera que la Audiencia Nacional tome una decisión sobre la imputación de Pardo de Vera en un futuro cercano. Este desarrollo añade una nueva capa de tensión al caso Koldo, que ya ha sido objeto de controversia y debate en el ámbito político español.
