La Universidad de Harvard ha decidido emprender acciones legales contra la administración de Donald Trump, tras la decisión de bloquear 2.200 millones de dólares en ayudas federales. Este movimiento ha sido justificado por la universidad, que alega que la medida es una violación de derechos constitucionales fundamentales, en particular, de la Primera Enmienda.
En los documentos judiciales presentados, Harvard señala que varios altos funcionarios del gobierno, incluyendo al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a la secretaria de Educación, Linda McMahon, han infringido derechos fundamentales al intentar «coaccionar y controlar» la actividad académica de la institución. El presidente de Harvard, Alan Garber, quien tiene un trasfondo judío y es médico, ha expresado su preocupación por el aumento del antisemitismo, pero también ha denunciado que el gobierno está utilizando este argumento para justificar acciones ilegales, especialmente en el contexto del conflicto en Gaza.
Garber ha advertido que las consecuencias de estas acciones podrían afectar investigaciones médicas cruciales en áreas como el cáncer, el alzhéimer, la esclerosis múltiple y el párkinson.
La controversia se intensificó el 14 de abril, cuando Harvard rechazó las condiciones impuestas por el gobierno para mantener su financiación. Entre estas condiciones se encontraban la eliminación de programas de diversidad y el monitoreo de la ideología de estudiantes extranjeros. Como respuesta a esta negativa, la administración Trump no solo congeló los fondos, sino que también amenazó con revocar el estatus fiscal privilegiado de la universidad.
El Departamento de Seguridad Nacional amplió las medidas el viernes anterior, cancelando una partida adicional de 2.700 millones de dólares y exigiendo registros de actividades estudiantiles. Según informes, se prevé un nuevo recorte de 1.000 millones de dólares destinados a la investigación sanitaria.
Harvard no es la única institución que se enfrenta a estas políticas del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo». Universidades como Columbia y Princeton también están bajo presión debido a sus políticas de admisión y gestión de la diversidad ideológica. A diferencia de Harvard, Columbia aceptó las condiciones del gobierno, lo que le permitió preservar 400 millones en fondos federales.
Este conflicto pone de relieve las tensiones entre la libertad académica y las políticas gubernamentales, así como el impacto que estas decisiones pueden tener en la investigación y la educación superior en Estados Unidos. La demanda de Harvard podría sentar un precedente importante en la lucha por la autonomía universitaria frente a la intervención gubernamental.
