El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha generado controversia tras sus declaraciones sobre el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat durante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región el 29 de octubre. Según Mazón, esta acción se llevó a cabo «por ley», en respuesta a las preguntas de los periodistas tras una reunión en Alicante.
Las imágenes, que podrían haber proporcionado información valiosa sobre la gestión de la crisis, fueron eliminadas debido a un plazo máximo de conservación de un mes para este tipo de registros, tal como explicó la vicepresidenta Susana Camarero. Sin embargo, la falta de acceso a estas grabaciones ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno valenciano en la gestión de emergencias.
Durante la jornada de la DANA, los registros telefónicos a los que tuvo acceso RTVE.es revelan que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, intentó contactar a Mazón en varias ocasiones, pero no logró localizarlo entre las 18:30 y las 19:43, a pesar de tres intentos fallidos. La comunicación se reanudó a las 20:10, justo un minuto antes de que se enviara una alerta a los móviles de los ciudadanos. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la disponibilidad del presidente durante un momento crítico.
A pesar de las críticas, Mazón insistió en que estuvo «todo el día comunicados» y defendió su gestión, aunque evitó entrar en detalles sobre su inaccesibilidad en momentos clave. Las protestas de ciudadanos que le gritaban «miserable» y exigían su dimisión reflejan el descontento popular con la respuesta del gobierno ante la crisis.
Paralelamente, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, desestimó una solicitud de la asociación Liberum para investigar si se activó el Consejo de Seguridad Nacional durante la DANA, argumentando que no había una relación causal directa con las víctimas mortales. En su resolución, la magistrada interpretó que los argumentos presentados por el Gobierno valenciano evidenciaban una «pasividad» en la gestión de las alertas.
La situación ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de emergencias, especialmente en un contexto donde la información puede ser crucial para la seguridad de los ciudadanos. La eliminación de las imágenes de las cámaras de seguridad ha dejado a muchos preguntándose si se está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de la población en situaciones de crisis.
La controversia en torno a las declaraciones de Mazón y el borrado de las imágenes de la DANA se suma a un creciente descontento con la gestión del gobierno valenciano en situaciones de emergencia. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la presión sobre el presidente y su administración para proporcionar respuestas claras y transparentes sobre su gestión de la crisis continúa aumentando.
Los ciudadanos están cada vez más interesados en conocer cómo se manejan las emergencias y qué medidas se están tomando para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La falta de información y la percepción de una gestión ineficaz pueden tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las autoridades.
En este contexto, es fundamental que el gobierno valenciano tome medidas para mejorar la comunicación y la transparencia en la gestión de crisis, así como para garantizar que se sigan los protocolos adecuados en situaciones de emergencia. La confianza de los ciudadanos en sus líderes depende en gran medida de su capacidad para manejar la información de manera efectiva y responsable, especialmente en momentos de crisis.
