La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha comparecido como testigo en el juicio relacionado con la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región. Durante su declaración, Bernabé expuso que había ofrecido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta ocho horas antes de que se enviara la alerta oficial a los móviles de la población. Este hecho ha generado un intenso debate sobre la gestión de la crisis y la respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.
En su testimonio, Bernabé mencionó que se comunicó con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en varias ocasiones. En una de estas conversaciones, que tuvo lugar a las 12:23 horas del día de la tragedia, la delegada ofreció la ayuda de la UME, dado el nivel de alerta existente y la gravedad de la situación. Sin embargo, Pradas, quien actualmente está imputada en el caso, rechazó esta propuesta y no solicitó la intervención de la UME hasta después de las 15:00 horas.
La tardanza en la activación de la UME ha sido objeto de críticas, ya que muchos ciudadanos denunciaron que la respuesta fue insuficiente y tardía. El jefe de la UME, Javier Marcos, defendió la actuación de su unidad, afirmando que tardaron solo 12 minutos en llegar al lugar una vez que la Generalitat solicitó su intervención. Según Marcos, la Comunidad Valenciana tenía competencias para actuar en el nivel de alerta 2 que se había declarado.
Bernabé también relató que, alrededor de las 12:20 horas, advirtió a Pradas sobre la desaparición de una persona en la comarca de la Ribera. Este aviso se produjo ocho horas antes de que se enviara la alerta a los móviles, lo que ha suscitado preguntas sobre la eficacia de la comunicación entre las autoridades durante la crisis. La delegada insistió en que la situación era crítica y que la UME debería haber sido activada de inmediato.
Además, Bernabé mencionó que se comunicó con la alcaldesa de Paiporta, uno de los municipios más afectados por la DANA, a las 19:00 horas, informándole de que había personas en peligro y que se estaban produciendo ahogamientos. En este contexto, solicitó que la alerta se enviara a toda la provincia, no solo a las áreas cercanas a la presa de Forata, donde se habían concentrado las inundaciones.
El juicio ha puesto de relieve las tensiones y responsabilidades entre las diferentes autoridades implicadas en la gestión de emergencias. La declaración de Bernabé contrasta con la de Pradas, quien ha negado haber recibido un mando único en la crisis y ha intentado desvincularse de la responsabilidad por la tardanza en la activación de la UME.
La DANA provocó graves daños en la Comunidad Valenciana, y la respuesta de las autoridades ha sido objeto de un intenso escrutinio público. La falta de coordinación y la demora en la activación de los recursos de emergencia han llevado a cuestionar la preparación y la eficacia de los protocolos establecidos para enfrentar situaciones de crisis.
Este caso no solo pone de manifiesto la importancia de una comunicación efectiva entre las autoridades en momentos críticos, sino que también resalta la necesidad de revisar y mejorar los procedimientos de respuesta ante emergencias. La gestión de crisis es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad de la población, y los testimonios en este juicio podrían tener implicaciones significativas para futuras actuaciones en situaciones similares.
La DANA ha dejado una huella profunda en la Comunidad Valenciana, y el juicio en curso busca esclarecer las responsabilidades y mejorar la gestión de emergencias en el futuro. La comunidad espera que las lecciones aprendidas de esta tragedia contribuyan a una respuesta más efectiva ante desastres naturales en el futuro.
