La Junta de Andalucía se encuentra en el centro de una nueva controversia judicial relacionada con la adjudicación de contratos, específicamente en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Esta situación se suma a las investigaciones ya en curso en la Consejería de Salud, donde se indaga sobre presuntas irregularidades y malversación de fondos públicos. La denuncia inicial fue presentada por el grupo parlamentario Por Andalucía, que ha señalado la posibilidad de que la Junta haya favorecido a la Asociación por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona (Inserta-Andalucía) en la gestión de centros para jóvenes extutelados en varias provincias, incluyendo Granada.
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia formal el 25 de enero de 2025, en la que se alegaba que la Junta había falseado los expedientes de contratación, afectando la libre concurrencia de entidades y beneficiando a Inserta. Según la denuncia, la asociación habría presentado documentación falsa sobre las condiciones y el personal que prestaba el servicio, lo que habría impedido la competencia justa en el proceso de licitación. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado estas acciones como «corrupción de libro», sugiriendo que los pliegos de licitación fueron manipulados para favorecer a una única empresa, la adjudicataria Inserta.
### Detalles de la Denuncia
La denuncia expone que la Junta infló los requisitos técnicos del pliego de prescripciones, lo que hizo inviable que otras empresas pudieran presentar ofertas competitivas. Se argumenta que la exigencia de un número de trabajadores para la prestación del servicio de tutela era desproporcionada, duplicando el personal realmente necesario. Esto llevó a que solo una empresa, Inserta, se presentara a la licitación y, por ende, fuera la única beneficiaria de los contratos.
Además, se ha señalado que Inserta no cumplió con los términos pactados en los contratos, lo que resultó en un beneficio ilegal a expensas de los recursos públicos. La denuncia también menciona que la Junta estaba al tanto de estas irregularidades, ya que toda la documentación que respaldaba las acusaciones había sido registrada oficialmente.
Por Andalucía ha planteado que las acciones denunciadas podrían constituir delitos como prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental. La denuncia ha puesto de relieve la relación entre Inserta y ciertos altos cargos de la Junta, sugiriendo que existe una red de connivencia que ha permitido la perpetuación de estas irregularidades.
### Reacciones de la Junta y la Consejería de Inclusión Social
Loles López, la consejera de Inclusión Social, ha defendido la actuación de su departamento, afirmando que se han seguido los procedimientos adecuados tras la denuncia inicial. Según López, se llevaron a cabo inspecciones y se iniciaron expedientes sancionadores en respuesta a las denuncias recibidas. Sin embargo, la oposición ha criticado la falta de acción efectiva por parte de la Junta, argumentando que se han ignorado múltiples denuncias sobre el funcionamiento de los centros adjudicados a Inserta.
La consejera ha insistido en que la Junta ha actuado de manera transparente y que las acusaciones de corrupción son infundadas. Sin embargo, la oposición sostiene que la situación refleja una falta de control y supervisión en la gestión de contratos públicos, lo que podría tener graves repercusiones para la administración andaluza.
Las acusaciones de corrupción y la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos han generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos, que exigen respuestas claras y acciones contundentes para abordar estas irregularidades. La situación actual plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de adjudicación de contratos en la Junta de Andalucía.
En medio de este escándalo, la Junta se enfrenta a un creciente escrutinio público y a la presión de la oposición para que se tomen medidas efectivas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. Las investigaciones en curso podrían tener implicaciones significativas para el futuro político de la Junta y para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
