La situación laboral en la Policía Local de Granada ha alcanzado un punto crítico, especialmente con la llegada de la Semana Santa. La alcaldesa Marifrán Carazo ha tomado la decisión de obligar a 339 agentes a prestar servicios extraordinarios durante esta festividad, un movimiento que ha generado un intenso debate sobre la gestión de recursos humanos y la seguridad pública en la ciudad. Este artículo explora las implicaciones de esta medida y el contexto en el que se ha desarrollado.
**La Decisión del Gobierno Municipal**
El decreto emitido por la alcaldesa Carazo establece que, desde el 13 hasta el 20 de abril de 2025, un total de 339 policías locales deberán cumplir con servicios extraordinarios obligatorios. Esta medida se justifica, según el gobierno municipal, por la falta de efectivos suficientes para garantizar la seguridad durante los actos procesionales de Semana Santa, que requieren una media de 108 agentes para su correcta cobertura.
La decisión de imponer este decreto ha sido criticada por los sindicatos, que argumentan que la falta de negociación y diálogo por parte del gobierno municipal ha exacerbado el conflicto laboral. La alcaldesa ha optado por una estrategia de fuerza en lugar de buscar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, lo que ha llevado a una creciente tensión entre las partes involucradas.
El informe de la Jefatura de la Policía Local, que acompaña al decreto, señala que la selección de los agentes que deberán prestar estos servicios se realizará mediante un sorteo, con el objetivo de aplicar un criterio objetivo. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de los sindicatos, que consideran que la situación actual es el resultado de una gestión ineficaz y autoritaria.
**Reacciones de los Sindicatos y la Plantilla**
El sindicato Sip-An ha expresado su descontento con la decisión del gobierno municipal, afirmando que la voluntad de diálogo está presente, pero que el estilo de mando impuesto por la concejala de Seguridad, Ana Agudo, es inaceptable. La plantilla ha manifestado su rechazo a la obligatoriedad de cubrir estos servicios, que anteriormente eran voluntarios, y ha advertido que si el gobierno no toma en cuenta sus preocupaciones, la situación podría empeorar.
La movilización de los agentes se enmarca en un contexto de descontento generalizado por el incumplimiento de acuerdos previos sobre la organización de turnos y la carga de trabajo. Los sindicatos han propuesto un modelo alternativo que no obligue a toda la plantilla a trabajar durante los fines de semana y que sea menos costoso para el Ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno municipal ha mantenido su postura, argumentando que cualquier cambio en el modelo organizativo podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
El portavoz del gobierno, Jorge Saavedra, ha insistido en que la seguridad durante la Semana Santa está garantizada y que la colaboración con la Policía Nacional es fundamental para asegurar el éxito de los dispositivos de seguridad. Sin embargo, los sindicatos han advertido que esta situación no es sostenible a largo plazo y que se necesitarán más medidas para abordar el conflicto laboral de manera efectiva.
**El Futuro de la Policía Local y la Gestión de Recursos**
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la Policía Local de Granada y la capacidad del gobierno municipal para gestionar adecuadamente los recursos humanos. La alcaldesa ha anunciado que el próximo jefe de la Policía Local, que será seleccionado tras la salida forzada de José Manuel Jiménez Avilés, tendrá la responsabilidad de revisar los turnos y mejorar la organización del servicio.
Este nuevo liderazgo será crucial para abordar las preocupaciones de la plantilla y encontrar soluciones que permitan una mejor gestión de los recursos disponibles. Sin embargo, el desafío será considerable, dado el clima de desconfianza y descontento que ha surgido entre los agentes.
La situación en la Policía Local de Granada es un reflejo de las tensiones que pueden surgir en la gestión de servicios públicos, especialmente en momentos críticos como la Semana Santa. La forma en que el gobierno municipal maneje este conflicto laboral no solo afectará a los agentes de policía, sino también a la percepción de seguridad y bienestar de los ciudadanos durante una de las festividades más importantes de la ciudad.
