La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono en la Asamblea de Madrid al acusar al Gobierno central de «promover» la inmigración irregular descontrolada. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la gestión de menores migrantes no acompañados, un tema que ha cobrado relevancia tras recientes incidentes en un centro de acogida en Fuenlabrada.
La situación se intensificó cuando la Comunidad de Madrid remitió cuatro expedientes a la Delegación del Gobierno solicitando la repatriación de menores migrantes que, según la administración regional, presentan «dificultades de adaptación». Estos menores fueron objeto de atención mediática tras una pelea en el centro de acogida de La Cantueña, donde se registraron detenciones y agresiones a trabajadores.
Durante la sesión de control en la Asamblea, Ayuso se dirigió a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, para expresar su desacuerdo con las campañas que, a su juicio, buscan politizar la situación de los menores. «Queremos pedir al Gobierno que estos menores vuelvan con sus familias en cumplimiento de la ley», afirmó la presidenta, quien también recordó que la Comunidad ha llevado el asunto ante el Tribunal Constitucional.
Ayuso argumentó que los menores son enviados a Madrid sin que se conozcan sus antecedentes, lo que, según ella, contribuye a crear problemas sociales. En este sentido, criticó a Vox por intentar capitalizar la situación, sugiriendo que la formación de ultraderecha busca beneficiarse políticamente de la crisis migratoria.
El debate no se limitó a la cuestión de la inmigración. La portavoz de Vox, Moñino, aprovechó la ocasión para abordar la politización de la universidad, tras haber sido impedida de asistir a un acto en la Universidad Complutense. En su intervención, Moñino se refirió a la «dictadura del pensamiento único» que, según ella, impera en las instituciones educativas.
La presidenta madrileña no escatimó en críticas hacia el Gobierno central, recordando que el presidente Pedro Sánchez también estudió en una universidad privada. Además, hizo referencia a las investigaciones que involucran a Begoña Gómez, a quien acusó de realizar negocios privados con fondos públicos en el ámbito universitario.
El clima de confrontación se intensificó cuando Ayuso se dirigió a la vicepresidenta María Jesús Montero, a quien criticó por sus declaraciones sobre la universidad privada. La presidenta acusó a Montero de ofender a familias de alumnos y profesores, en un intento de desviar la atención de otros problemas.
La sesión de control también abordó el tema del acoso escolar, vinculado por algunos grupos a los recortes en políticas educativas. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, argumentó que el bullying refleja problemas más profundos en la sociedad, y que no se puede abordar sin enfrentar a la extrema derecha. Ayuso, por su parte, utilizó la ocasión para recordar un caso de acoso sexual que había dejado un escaño vacío en su grupo, lo que generó un intercambio de descalificaciones entre los distintos grupos parlamentarios.
En medio de este clima de tensión, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, aprovechó su turno para criticar la «adicción al poder» de Pedro Sánchez, describiéndolo como un líder con un ego desmedido que se aleja de la realidad.
La Asamblea de Madrid se ha convertido en un escenario de confrontación política, donde la inmigración, la educación y la gestión de los recursos públicos son temas recurrentes. La postura de Ayuso refleja una estrategia de confrontación con el Gobierno central, en un contexto donde la política migratoria y la educación se entrelazan en un debate que promete seguir siendo candente en los próximos meses.
