La comunidad educativa en Cantabria se encuentra en un momento crítico, con cerca de 9.000 maestros y profesores convocados a una huelga para exigir mejoras en sus condiciones salariales. Esta movilización, organizada por la Junta de Personal, busca visibilizar el descontento acumulado durante años y presionar a la Consejería de Educación para que tome en serio las demandas del colectivo docente.
Los docentes han enfrentado numerosos cambios en el sistema educativo en los últimos años, desde reformas legislativas hasta nuevas exigencias administrativas. Sin embargo, a pesar de su compromiso y esfuerzo, sienten que sus reivindicaciones salariales han sido ignoradas. Paco Barrera, maestro con más de dos décadas de experiencia, destaca que han pasado diecisiete años sin una actualización salarial, lo que ha llevado a una pérdida significativa de poder adquisitivo.
La huelga, según Barrera, no solo es un medio para exigir mejoras económicas, sino también una forma de mostrar la fortaleza del colectivo docente. A pesar de que el consejero de Educación ha afirmado que es el primer gobierno en abordar la mejora salarial en años, Barrera critica las formas de negociación, que considera divisivas y poco efectivas.
Rafael Ordaz, profesor de violonchelo en el Conservatorio de Torrelavega, también ha expresado su frustración. Asegura que la Consejería ha dilatado el proceso de negociación desde 2023, lo que ha llevado a un estancamiento en las discusiones sobre el complemento específico, que no ha cambiado desde 2008. Ordaz critica la falta de coherencia del gobierno, que, mientras predica la necesidad de mejoras en la educación, no aplica esos mismos principios a los docentes.
María Teresa Bezanilla, profesora de Economía, añade que la situación actual es el resultado de una crisis económica que comenzó en 2008, la cual congeló los salarios de los docentes. Según la Junta de Personal, esta congelación ha resultado en una pérdida del 34% del poder adquisitivo de los educadores. Bezanilla enfatiza que la huelga no solo busca una mejora salarial, sino también un reconocimiento del valor de la profesión docente, que es fundamental para la formación de las futuras generaciones.
Ester Lanseros, profesora de Geografía e Historia, critica la falta de diálogo por parte de la Consejería y considera que la huelga es una herramienta legítima en el proceso de negociación. Lanseros argumenta que la huelga no debe ser vista como un ultimátum, sino como una parte integral de la lucha por derechos laborales. Ella también señala que la actual situación económica del gobierno, que permite negociar mejoras salariales, debería ser aprovechada para atender las demandas de los docentes.
Laura Guate, maestra de Infantil, resalta la falta de atención a la salud y bienestar de los docentes, mencionando que en sus veinte años de carrera solo ha recibido dos reconocimientos médicos. Esta situación, según Guate, refleja una falta de cuidado hacia los trabajadores de la educación y subraya la necesidad de que la Consejería tome en serio las preocupaciones del personal docente.
La huelga programada no solo representa una lucha por mejoras salariales, sino también un llamado a la sociedad para que reconozca la importancia de la educación y el papel crucial que desempeñan los docentes en la formación de los ciudadanos del futuro. A medida que se acerca la fecha de la huelga, la comunidad educativa espera que su voz sea escuchada y que se logren avances significativos en las negociaciones con la Consejería de Educación.
