La reciente denuncia del PSOE en Granada ha puesto de relieve una situación alarmante en la que la concejala de Seguridad y la alcaldesa de la ciudad habrían ignorado las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba una víctima de violencia de género. La concejala socialista Raquel Ruz ha exigido la destitución de Ana Agudo, argumentando que ambas autoridades estaban al tanto de la situación y no tomaron las medidas necesarias para proteger a la mujer y a sus hijas.
La denuncia se centra en el hecho de que el agresor, un policía local, había estado patrullando en el distrito donde reside su expareja, a pesar de que existía una pulsera de control que debía limitar su movilidad. Ruz ha señalado que la víctima había solicitado ayuda a la concejala de Seguridad hace más de un año, alertando sobre accesos irregulares a su expediente de protección, conocido como Viogén. Sin embargo, según la concejala socialista, Agudo no tomó ninguna acción al respecto.
La situación se agrava al considerar que la víctima había enviado dos escritos a la alcaldesa, Marifrán Carazo, solicitando reuniones para discutir su situación, pero no recibió respuesta. En un acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la víctima se acercó a Carazo para expresar su preocupación por su seguridad y la de sus hijas, pero nuevamente no se tomaron medidas.
Ruz ha calificado esta inacción como una «irresponsabilidad política» que podría tener repercusiones legales para ambas funcionarias. La concejala ha afirmado que hay pruebas de que la víctima pidió amparo y que no se le prestó la atención necesaria. Además, ha enfatizado que la situación de la Policía Local es crítica, con múltiples escándalos y crisis que han afectado su operatividad.
La denuncia también se enmarca en un contexto más amplio de problemas dentro del cuerpo policial de Granada, que incluye investigaciones sobre supuestos amaños en oposiciones y la movilización del Cuerpo contra el gobierno municipal. Ruz ha subrayado que la falta de acción ante el caso de la víctima de violencia de género es solo una parte de una serie de problemas que enfrenta la administración local.
La concejala ha instado a la alcaldesa a actuar con responsabilidad y a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la víctima y sus hijas. La situación ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas de protección a víctimas de violencia de género y la responsabilidad de las autoridades locales en la implementación de estas medidas.
La denuncia del PSOE ha resonado en la comunidad, generando preocupación sobre la protección de las víctimas de violencia de género y la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo. La falta de acción por parte de quienes tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos existentes y la necesidad de una revisión de las políticas de seguridad y protección en Granada.
En este contexto, es fundamental que se tomen medidas concretas para abordar las deficiencias en la protección de las víctimas de violencia de género y garantizar que se escuchen sus voces. La situación actual no solo afecta a la víctima en cuestión, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la forma en que se gestionan estos casos en el ámbito local. La comunidad espera respuestas y acciones efectivas que aseguren la protección de quienes se encuentran en situaciones vulnerables y que se tomen en serio las denuncias de violencia de género.
